Otra luz que ilumina el mercado de arrendamiento de vivienda

La base legal de este trámite se encuentra consagrada en los artículos 7 al 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en concordancia con el artículo 96 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Ambas normas exigen el agotamiento de una audiencia previa de conciliación ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI).

Culminada dicha audiencia, deben constar en acta tanto los acuerdos alcanzados por las partes como, en su defecto, la infructuosidad de las gestiones conciliatorias.

Ahora bien, el artículo 10 regula el acceso a la vía judicial al señalar que, una vez cumplido este procedimiento e independientemente del resultado, las partes podrán acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones.

La interrogante crucial siempre ha sido: ¿cuándo se considera legalmente agotada la vía administrativa?

Históricamente, la inercia institucional obligaba a esperar una Providencia Administrativa formal que en muchos casos demoraba años. Sin embargo, un criterio determinante marca un antes y un después: transcurrido el lapso de 20 días hábiles sin que exista pronunciamiento por parte del órgano administrativo, opera el silencio administrativo, teniéndose por agotada dicha instancia y habilitando automáticamente a las partes para acudir a la sede judicial.

Este avance encuentra respaldo en la reciente Sentencia N.° 480 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 15 de octubre de 2026. La decisión reafirma el principio de tutela judicial efectiva y busca dotar de verdadera celeridad a los trámites administrativos en la materia.

Para propietarios e inquilinos que requieran acudir a los tribunales, esta doctrina representa un alivio tangible: ya no es imperativo aguardar indefinidamente una providencia resolutiva. Cumplida la fase conciliatoria y vencido el lapso legal, el camino a los tribunales queda despejado.

Es, sin duda, una nueva luz para el mercado inmobiliario venezolano y un paso firme hacia la seguridad jurídica de ambas partes.

Abg. Wilmer Romero

Petronas Bienes Raíces

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